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Uruguay explicitó por primera vez su política de Inteligencia y busca abrirla a la sociedad civil

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Uruguay explicitó por primera vez su política de Inteligencia y busca abrirla a la sociedad civil


El gobierno aprobó y publicó la Política Nacional de Inteligencia, un documento exigido por la ley que reguló el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado en 2018, y que constituye una novedad en la medida en que es la primera vez que Uruguay explicita una política de inteligencia.

El documento redactado por el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, abarca 16 puntos en los que desarrolla aspectos generales, como la importancia y el rol que juega la inteligencia estatal a nivel global, y aspectos específicos como los objetivos estratégicos, las amenazas que enfrenta el estado uruguayo, los límites en el cumplimiento de la función y el manejo de la información clasificada.

«Es un nuevo paso, uno imprescindible”, valoró el politólogo y especialista en el tema Nicolás Álvarez Rosas en conversación con El Observador. El experto destacó el énfasis del documento en los aspectos relacionados al desarrollo de una “cultura de inteligencia”.

Sobre este punto el texto establece que se promoverá «una cultura de inteligencia con el fin que la sociedad conozca y comprenda la misión y tareas que por derecho tienen asignadas». Para ello se procura trabajar con la sociedad civil para ensanchar el universo de la inteligencia uruguaya más allá de los círculos policiales y militares. El decreto señala que los órganos de inteligencia «fomentarán la educación, formación, capacitación e instrucción del personal de Inteligencia al más alto nivel, incluyendo cursos terciarios y universitarios, tanto en el país como en el exterior, y promoverán la interacción con el mundo académico, en particular, la inclusión de conocimientos relacionados con la Inteligencia en los planes de estudio universitarios y terciarios especializados».

En este sentido, Álvarez Rosas considera que es importante «desmitificar» las actividades de inteligencia como «primer paso para esclarecer su importancia» en el escenario de seguridad actual. “Históricamente, la inteligencia ha sido reducida a actividades de dudosa legalidad a cargo de personajes obscuros. Esta crónica hollywoodense acerca de la profesión ayudó a instalar en el imaginario colectivo una percepción negativa de la actividad. Felizmente las cosas cambiaron, pero esa idea continúa primando en la ciudadanía. Por ello, el trabajo continuo en ese aspecto es clave”, destacó Álvarez Rosas.

El decreto presidencial que da vida a la política de inteligencia reproduce las amenazas enumeradas en la Política Nacional de Defensa, para la cual la principal amenaza que enfrenta el país es la «violación de la soberanía terrestre, marítima, aeroespacial o del ciberespacio», seguida por el terrorismo, el crimen organizado y los ciberataques. La lista de diez puntos la completan las consecuencias de los fenómenos meteorológicos catastróficos, incidentes en bioseguridad, el deterioro del amiente, las pandemias y epidemias, la inestabilidad democrática en la región y los conflictos regionales. 

¿Cómo hacer inteligencia?

La Política Nacional de Inteligencia le da un marco de actuación a la actividad. Dice que el cumplimiento de la función se «adecuará estrictamente a la legalidad» y se desarrollará en «subordinación plena al Derecho y con la consiguiente responsabilidad funcional de sus jerarcas y funcionarios».

Los órganos de inteligencia «aplicarán la diligencia necesaria» con el objetivo de «garantizar los derechos de las personas, en particular, la intimidad personal, el honor y el debido proceso». El documento también dice que la inteligencia estatal no se involucrará con niños, no intervendrá en la actividad política, social o económica del país ni en su política exterior o en la vida interna de los partidos políticos.

«Tampoco influirán de manera directa o indirecta en la opinión pública, en personas, medios de difusión, asociaciones o agrupaciones de cualquier naturaleza, ni revelarán o divulgarán informaciones adquiridas en el ejercicio de sus funciones, fuera de lo dispuesto en la ley, salvo expresa orden o autorización judicial», agrega.

Para todos aquellos «procedimientos especiales» especificados en la ley de inteligencia de 2018 (intervenciones, escuchas, grabaciones, etc.) se requiere recabar la correspondiente autorización judicial. Además se establece el control parlamentario y la necesidad de una amplia interacción con el sistema de inteligencia.





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