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Una nueva ley de usura, el primer acuerdo tras el referéndum en la coalición de gobierno

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Una nueva ley de usura, el primer acuerdo tras el referéndum en la coalición de gobierno


En las próximas semanas el Poder Legislativo dará luz verde a una ley consensuada entre todos los integrantes de la coalición de gobierno, y que representa el primer acuerdo del oficialismo tras el referéndum. 

La bancada de gobierno impulsará y aprobará una nueva ley regulatoria destinada a frenar la usura. Así se lo dijo a El Observador el diputado Iván Posada (Partido Independiente). Los detalles, que se están ajustando, ponen el foco en los intereses, considerados excesivos, que determinados operadores y casas de préstamo regulados por el Banco Central aplican y que afectan, principalmente, a sectores limitados en su acceso al crédito. 

La nueva ley reunirá conceptos de otros dos proyectos que venían siendo analizados en el Parlamento. Uno presentado por Cabildo y Abierto y el otro por el único diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña. 

Más allá de que la educación, la reforma de la seguridad social y la erradicación de asentamientos fueron tres de las prioridades planteadas este domingo por el presidente Luis Lacalle Pou, una vez conocidos los resultados del referéndum que ratificó la plena vigencia de la ley de Urgente Consideración (LUC), también habrá otros temas a estudio en el Parlamento. 

Otras de las iniciativas que la coalición pretende encarar a corto plazo son las referidas a la eutanasia y a los cuidados paliativos. Según Posada, también se intentará un acuerdo definitivo para promover la postergada nueva ley de Medios. 

En Cabildo Abierto, en tanto, parecen ir más allá de los trámites legislativos. «El país debe solucionar muchos problemas», advirtió este domingo el senador Guido Manini Ríos, poco después de conocidos los resultados del referéndum. Soluciones que, señaló, deben llegar para todos los uruguayos, independientemente de lo que haya sido su voto en la consulta. 

Manini Ríos insistió ahora en un reclamo que ya había hecho en febrero del año pasado: la convocatoria al Consejo de Economía Nacional. Se trata de un organismo previsto en el artículo 206 de la Constitución en su versión de 1934, como un ámbito «consultivo y honorario», integrado por representantes de todos los «intereses económicos y profesionales del país». Su único antecedente parte de una ley y un decreto reglamentario del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que tuvieron una casi nula aplicación. 

La intención de Cabildo Abierto es reunir en ese consejo a los partidos políticos, los sindicatos, las cámaras empresariales y la academia para «buscar soluciones a los problemas más profundos del país» que, además, trasciendan gobiernos. Y uno de los puntos prioritarios a acordar es, a su juicio, la reforma de la seguridad social. Allí plantea una advertencia: las próximas generaciones serán las que sufrirán las consecuencias de lo que se haga, o no, ahora. 

Manini Ríos insistirá en las próximas semanas en otros puntos que figuraban en la plataforma de medidas que el año pasado le presentó al Ministerio de Economía y Finanzas y que nunca fueron atendidas. Entre ellas, el «IVA personalizado» que se aplique en franjas, en función de los ingresos. También en una reforma tributaria que «cambie la esencia» del IRPF, al que describe como un «impuesto al trabajo». En estos y en otros temas, consideró Manini, vale la pena que exista un diálogo profundo y sin condiciones entre todo el sistema político. 

Luego de la aprobación de la exoneración transitoria del IVA al asado de tira, el presidente Luis Lacalle Pou reunirá este miércoles al Consejo de Ministros para analizar nuevas medidas en torno al precio de los productos de la canasta básica y los combustibles. 

Cabildo Abierto mostró su beneplácito a la actuación del gobierno, pero reclama explorar otras medidas complementarias si la situación de carestía continúa. En su audición partidaria el pasado viernes, el senador Guillermo Domenech habló de la necesidad de una intervención del Estado que «restablezca los equilibrios económicos» ante «circunstancias excepcionales» que se están dando a nivel internacional y que provocan el aumento de precios. El legislador apeló a la ley de Subsistencias, aprobada en 1947, que establecía la competencia estatal para fijar precios máximos a bienes y servicios esenciales. También a la ley que en 1968, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, creó la Comisión de Productividad, Precios en Ingresos, con el mismo objetivo. 

Domenech recordó en ese sentido la decisión de la Administración Tabaré Vázquez de crear una comisión de defensa de libre competencia en el comercio, destinada a evitar «posiciones dominantes» en la comercialización de productos. 

El Frente Amplio, en tanto, celebrará el próximo lunes una reunión de bancada extraordinaria, en la que cada legislador planteará sus prioridades en este nuevo año parlamentario. Así se lo dijo a El Observador la senadora Liliam Kechichian. En carpeta están una serie de medidas que el año pasado la oposición había planteado sin éxito, en torno a un mayor apoyo social a los sectores afectados por la crisis y la carestía. 

 





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