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Tras declarar en la Justicia, Katoen Natie asegura que «tramo de indefensión y escarnios ha llegado a su fin»

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Tras declarar en la Justicia, Katoen Natie asegura que «tramo de indefensión y escarnios ha llegado a su fin»


La empresa belga Katoen Natie, propietaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP), aseguró este miércoles en un comunicado que el tramo de «indefensión y agravios ha llegado a su fin» luego que se iniciara el proceso judicial en el que, según entienden, la Justicia determinará «la veracidad» de sus alegaciones. 

Este martes el gerente general de la empresa, Vincent Vandecauter, y el de Relaciones Institucionales, Fernando Correa, declararon en calidad de testigos ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos por la denuncia del Frente Amplio a raíz del acuerdo al que llegaron con el gobierno por la concesión del puerto.

En el comunicado, la empresa asegura que ha «procurado mantener un respetuoso silencio en medio del torbellino de acusaciones, infundios y ofuscaciones» por el acuerdo que «pusiera fin a un diferencia que hubiera derivado en un contencioso internacional de potenciales y serios perjuicios para ambas partes». 

TCP cuestionó que las acusaciones en su contra han llegado desde los ámbitos legislativos, periodísticos y judiciales, y que en gran parte se han basado «en información parcial y maliciosa». 

Según Katoen Natie, ante el tribunal expusieron «sus agravios, su interpretación del diferendo, los alcances de sus compromisos, y la conducta manifiestamente irregular de diferentes actores del ámbito portuario, en perjuicio de TCP y las finanzas públicas». Además, la empresa decidió publicar su comparecencia ante la Justicia.

El acuerdo fue respaldado esta semana en una votación dividida por el Tribunal de Cuentas que no encontró objeciones desde el punto de vista legal. 

«No se advierte que el nuevo régimen de gestión contravenga lo dispuesto por la ley de Puertos ni por la ley de Defensa de la Competencia», afirma la resolución a la que accedió El Observador.

Sin embargo, sí cuestionaron el accionar del presidente de ANP, Juan Curbelo, debido a que la firma desde ANP «fue dispuesta» por él, cuando debió haber sido emitida por el directorio del ente. «No puede considerarse como manifestación de la voluntad orgánica de la Administración», indica la resolución.





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