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Resignados a que se viene un ajuste, los argentinos pelean para ver quién pagará la cuenta

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Resignados a que se viene un ajuste, los argentinos pelean para ver quién pagará la cuenta


En los próximos días de publicará el dato oficial de la inflación de enero, y aunque la cifra en torno de 3,8% que se espera no será sorpresa para nadie, la cifra supondrá un nuevo impacto político justo cuando el gobierno está prometiendo un acuerdo “sin ajuste” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Al ministro Martín Guzmán se le está haciendo cada vez más difícil convencer —tanto a sus aliados peronistas como a los opositores— de que el plan que se viene será indoloro. Para empezar, porque quiere que los sindicatos se manejen con una pauta de reajuste del 40% para el año, cuando todos los economistas creen que la inflación estará entre 55% y 60%.

El año pasado, el ministro había logrado que los gremios se mantuvieran dentro de la franja pedida por el gobierno, pero cuando quedó en evidencia que las proyecciones oficiales serían desbordadas —algo que ocurrió ya a mitad de año—, se pusieron en marcha las cláusulas de revisión, que llevaron a que los gremios más grandes tuvieran ajustes por encima del 50%.

A juzgar por las declaraciones que están haciendo los dirigentes sindicales, parece difícil que por segundo año consecutivo se confíe en la proyección oficial: ya todas las empresas se están haciendo a la idea de ajustes salariales del 50%.

Sin embargo, Guzmán sigue reclamando un pacto social que modere precios y salarios, como forma de contener las expectativas inflacionarias para este año.

Esa necesidad se hace más acuciante, sobre todo, porque habrá dos “anclas” clásicas que este año no podrán ser utilizadas: el dólar y las tarifas de servicios públicos. Durante 2021, la evolución del tipo de cambio tuvo un promedio de 1% mensual, contra una inflación que promedió el 3%, de manera que la “inflación en dólares” terminó siendo del 25% en el año.

Y los subsidios a los servicios energéticos y el transporte crecieron hasta representar 3% del PIB. Ambos temas fueron objetados por el FMI, que los considera una distorsión insostenible en la economía.

Para colmo, también le pidieron que la tasa de interés, que era fuertemente negativa en términos reales, subiera hasta equiparar el ritmo inflacionario.

Esto hace que Guzmán, ante la pérdida de esas anclas, trate de que la referencia para el mercado esté en el acuerdo de precios y salarios, un tema sobre el cual los economistas son ampliamente escépticos.

De hecho, la previsión es que para el primer cuatrimestre del año la inflación rondará el 17%, con el agravante de que el rubro alimentos está corriendo a mayor velocidad que el promedio, un dato que los sindicatos hacen valer a la hora de las negociaciones.

En este marco de tensión, ni siquiera la buena noticia del precio récord de la soja y el maíz permitieron grandes festejos. Primero, porque por los reveses climáticos, la producción será menor a la del año pasado. Pero, sobre todo, porque a la parte positiva del ingreso de “agrodólares” se contrapone una mayor presión de la “inflación importada”.

Entre tarifazos y pulseadas

Le está resultando difícil al gobierno juntar los votos para aprobar el acuerdo con el FMI. Recibe críticas tanto desde la oposición como desde el kirchnerismo duro. Unos ven con desconfianza el hecho de que no habrá reformas estructurales y temen que se busque el equilibrio fiscal mediante un impuestazo al sector privado. Los otros, sospechan que detrás de las promesas de Guzmán sobre un “acuerdo sin ajuste” vendrá un plan clásico de devaluación y tarifazo.

Si bien es probable que, a último momento se logrará la aprobación en el Congreso —porque ninguna de las fuerzas quiere aparecer como que empujó al país a un nuevo default—, estas críticas dan la pauta del clima que se vive en Argentina: todos creen que un nuevo ajuste será inevitable, y empieza una pulseada para ver cuál sector de la sociedad pagará la cuenta más alta.

En los últimos días hubo polémica por una propuesta de la secretaría de energía —conducida por funcionarios afines a Cristina Kirchner— que establecen aumentos tarifarios segmentados por barrios. Así, un habitante de Palermo tendrá que pagar facturas con aumentos de más de 100% mientras uno de Almagro o Caballito sólo tendrá una suba del 20%.

El criterio se estableció en base a al valor del metro cuadrado en Buenos Aires, pero fue muy criticado por los expertos, que dijeron que se trataba de una propuesta básica y primitiva, que no tiene en cuenta situaciones particulares como la de los inquilinos o jubilados.

El kirchnerismo más duro le dio la espalda al acuerdo con el FMI que anunció el presidente Alberto Fernández.

Para Guzmán, lo peor de todo es que si se aprueba el régimen en esas condiciones, apenas le permitirá un ahorro marginal de los subsidios, cuando su aspiración es recortar 1 punto y medio del PIB. De manera que la pelea por las tarifas recién empieza, para preocupación de Cristina Kirchner, que está convencida de que Mauricio Macri perdió la elección de 2019 por los tarifazos implementados durante su gestión.

Otra pelea que se empezó a esbozar es la de los gastos a pagar entre el gobierno central y las provincias. El intendente porteño, Horacio Rodríguez Larreta, denunció un “embate contra la ciudad” por parte de Alberto Fernández, porque el gobierno nacional ya no pagará el subsidio para 32 líneas de ómnibus porteñas, lo que implica un costo de 130 millones de dólares.

Para Rodríguez Larreta, que sueña con candidatearse a la presidencia en 2023, es una situación delicada, porque por un lado se queja de que el gobierno nacional forzará a un aumento del boleto en la capital, pero por otro lado no quiere aparecer como un defensor de los privilegios porteños, dado que en ciudades como Córdoba, Rosario y Mar del Plata el boleto cuesta el triple.

La inflación funcional y el acaparamiento del crédito

Mientras tanto, la parte de la que Guzmán habla menos, pero que constituye la base de su plan, es la política cambiaria y la monetaria. En las últimas semanas se empezó a notar una aceleración en el deslizamiento del dólar.

Si se extrapola el actual ritmo devaluatorio para todo el año, implicaría que el dólar subiría un 40%, casualmente el mismo número que los funcionarios le están sugiriendo a los dirigentes sindicales como valor de referencia en las negociaciones salariales.

Esto implica que el gobierno está tratando de que los salarios —especialmente los del sector público— no crezcan en dólares. Y, por otro lado, la recaudación impositiva evolucionará a la par de la inflación, lo que implica que por ese lado habría una reducción del costo fiscal de los salarios estatales.

A esta altura, hay economistas que creen que Guzmán subestima a propósito sus proyecciones de inflación, de manera de poder sacar el máximo provecho posible del ahorro producido por la “licuación”. O, como se suele decir en la jerga de los economistas, para maximizar la recaudación de impuesto inflacionario.

Uno de los analistas más explícitos al respecto fue Carlos Melconian, quien afirmó que “el gobierno necesita a la inflación para que le haga el trabajo sucio de licuar el gasto público que no se anima a recortar”. Y en base a esa afirmación insinuó que no hay una verdadera decisión de frenar el ritmo inflacionario, porque eso “le crearía un problema”.

Por su parte, Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, le puso números a la táctica de Guzmán: “Con dos tercios del gasto primario indexado, cada 5 puntos de merma en la inflación dispara un aumento de erogaciones de 0,3 puntos del PIB”.

Esto implica que si se cumpliera la meta oficial de bajar la inflación hasta el rango de 40%, eso le agregaría al ministro una presión fiscal extra de 0,7 puntos, una cifra enorme si se tiene en cuenta que Guzmán celebró públicamente que el FMI sólo le había exigido un recorte fiscal de medio punto.

En conclusión, cada vez son más los que están convencidos de que Guzmán mira con simpatía una inflación superior al 50% porque le resultará funcional —acaso indispensable— para cumplir su compromiso de llevar el déficit fiscal a 2,5% del PIB.

Otro motivo de crítica viene de parte de las pequeñas empresas, que afirman que el ministro va a acaparar todos los pesos disponibles en el sistema financiero y encarecerá el crédito para el sector privado.

Guzmán le prometió al FMI que disminuiría drásticamente su dependencia de la asistencia del Banco Central. Hablando en números, que esa ayuda pasaría del 3,7% del PIB a 1% en apenas un año. La forma de lograrlo es tomar deuda en el mercado local, en pesos.

Las estimaciones de las empresas es que esto presionará la tasa de interés de referencia a 44%, lo cual dejará fuera del mercado al segmento pyme.

 





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