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Qué implica el adelanto del correctivo por inflación que sugiere el gobierno, a qué sectores abarca y cómo cayó en el sector empresarial

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Qué implica el adelanto del correctivo por inflación que sugiere el gobierno, a qué sectores abarca y cómo cayó en el sector empresarial


La aceleración de la inflación  “genera un problema” que hay que  “estudiar” y “analizar (…) No es el escenario que estaba planificado”, había dicho días atrás el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres a El Observador. 

Este lunes el gobierno anunció una serie de medidas, entre ellas la convocatoria del Consejo Superior Tripartito del sector privado, para que empresarios y trabajadores evalúen de común acuerdo adelantar el pago del correctivo por inflación en unas 88 mesas de actividad.

¿Qué grupos abarca y qué implica?

En la última ronda de negociación salarial del sector privado que tuvo lugar en la segunda mitad de 2021 se acordaron ajustes basados en inflación proyectada, más un componente de recuperación parcial del poder de compra perdido entre mitad de 2020 y 2021 (4,1%) durante el período puente.

El compromiso del Poder Ejecutivo es que la recuperación comenzará a darse en 2022 y se completará en la siguiente ronda de negociación a partir de la segunda mitad de 2023, es decir antes de finalizar el período de gobierno.

En la ronda de negociación aproximadamente la mitad de las 200 mesas del sector privado establecieron porcentajes de ajustes siguiendo los lineamientos del Poder Ejecutivo, y la otra mitad lo hizo con porcentajes de incremento superiores. Así hubo casos en los que se pactaron para los próximos dos años porcentajes de recuperación salarial mayores al sugerido por el gobierno (1,6%).

La otra diferencia está en la periodicidad de los correctivos por inflación pasada. Hay acuerdos que tienen mejor blindaje porque prevén dos correctivos, uno que se paga a los 12 meses de vigencia del convenio (en julio de 2022) y otro al final del convenio en julio de 2023.  Es el caso, por ejemplo, de actividades como tiendas, supermercados y servicio doméstico, entre otros muchos.

Y hay grupos que tienen estipulado un único correctivo por inflación recién para mitad del año que viene, es decir al cierre del acuerdo. Si se tiene en cuenta el escenario actual demorarán más tiempo en corregir el desfasaje en los salarios. Es para esos grupos que involucran a unos 300 mil trabajadores que el Poder Ejecutivo sugiere que se evalúe adelantar el pago del correctivo por inflación.

Esto requiere un acuerdo entre sindicatos y cámaras empresariales en el marco de los Consejos de Salarios. Aquí hay actividades vinculadas a industria de cuero, vestimenta, calzado, textil, empresas de limpieza, estaciones de servicio, “estudios contables profesionales y no profesionales”, peluquerías, tintorerías, trabajadores de áreas verdes, agencias de publicidad, despachantes de aduana, entidades deportivas, entidades gremiales y entidades sociales, trabajadores de ganadería, agricultura, tambos y actividades conexas, entre otros.

Por ejemplo, hay sectores cuyos trabajadores en este semestre tienen ajustes de entre 3,5% y 3,7%. Solo en los primeros tres meses del año la inflación acumulada es de 4,4%. En la medida que el correctivo se activará recién a mitad de 2023, se está «posponiendo la recuperación acordada» y también «condicionando a que se cumpla en su totalidad durante el actual período de gobierno», se había señalado desde el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT.

«Mientras nos piden que cuidemos precios, en paralelo, nos piden corrijamos salarios por inflación»

Alfredo Antía

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Alfredo Antía, dijo a El Observador que se esperará por la convocatoria del Consejo Superior Tripartito para opinar con más información.

“Igualmente, esta noticia nos sorprende en cuanto estamos con convenios vigentes. Y en un momento complejo donde mientras nos piden que cuidemos precios, en paralelo nos piden corrijamos salarios por inflación. Y todo signado por un dólar bajo que, si bien no es un problema para algunos sectores de exportación que tienen muy buenos precios, sí lo es para otros donde el dólar planchado afecta seriamente su competitividad y por cierto también afecta a la industria nacional que produce para el mercado interno y que compite con productos importados”, afirmó.

Antía apuntó que otro elemento que se podría resaltar es “que si bien es una sugerencia no deja de ser un lineamiento oficial que será discutido en mesas donde se resuelve la suerte de empresas muy distintas”, y donde “unas podrán acceder y otras se verán obligadas a hacer lo que allí se resuelva”. (…) Quizá sus economías individuales no puedan cumplir. Es el problema del diseño de la negociación colectiva, que por algo está observada por la OIT”, recordó el ejecutivo.

Por otro lado, consultado sobre la posibilidad de evaluar adelantar el pago de correctivos tomando en cuenta la coyuntura actual, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Daniel Sapelli, había dicho a El Observador “que los rubros son muy dispares y habría que analizarlo” caso a caso llegado el momento.

Públicos y Jubilaciones

En el caso de los funcionarios públicos, el gobierno anunció un ajuste de 2% a partir de julio, que se suma al 5,8% otorgado en enero pasado, y que oficia como adelanto del correctivo previsto por ley para enero de 2023. Actualmente, la plantilla de funcionarios públicos abarca a unos 300 mil funcionarios. 

La ley de Presupuesto establece para esa fecha un ajuste de 4,7% (inflación proyectada), más un correctivo que toma en cuenta la diferencia en más que se hubiere registrado entre la variación observada del Índice de Precios al Consumo (IPC) durante la vigencia del ajuste anterior (2022) y el porcentaje de ajuste otorgado para ese año (ahora será 7,8%).

Además, en los próximos días se establecerá un ámbito de negociación entre sindicatos y gobierno para establecer el monto pendiente de recuperación de 2021 y la manera en que se irá recuperando antes que termine el actual período de gobierno.

Por su parte, las jubilaciones y pensiones tendrán un ajuste adicional de 3%. Estas prestaciones habían tenido en enero pasado una corrección de 6,16% a partir de la evolución del Índice Medio de Salarios Nominales de 2021. Los jubilados y pensionistas en Uruguay rondan las 700 mil personas. 

“La preocupación de este gobierno es que los uruguayos no pierdan poder adquisitivo. Al mismo tiempo hemos tenido una política económica sostenible que nos permite tomar estas medidas. La responsabilidad es la que nos permite hoy ante esta coyuntura tomar estas medidas y sugerir otras acciones», afirmó el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa.





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