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Operador portuario salió al cruce tras declaraciones de los senadores Bergara y Carrera del FA

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Operador portuario salió al cruce tras declaraciones de los senadores Bergara y Carrera del FA


Terminal Cuenta del Plata (TCP) —empresa conformada por Katoen Natie con un 80% y la ANP con el restante 20%— salió a responderles a los senadores del Frente Amplio (FA) y consideró que sus argumentos se basan «en defender a Montecon ignorando irregularidades de la que tienen pleno conocimiento».

Montecon es el operador de los muelles públicos del puerto de Montevideo, mientras que TCP es la firma con la cual el Estado acordó extender la concesión de la terminal especializada de contenedores por 50 años, hasta 2081 a cambio de un millonario contrato de inversión. Este martes, los senadores Mario Bergara y Charles Carrera elevaron una ampliación de una denuncia que previamente se había elevado ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Tercer Turno. 

Por medio de un comunicado, la empresa público-privada TCP, sostuvo que Montecon «utilizó de manera ilegítima los espacios públicos, recibió subsidios tarifarios, y llevó a cabo prácticas discriminatorias contra sus competidores, en perjuicio de TCP y de las arcas públicas«.

En ese sentido, TCP consideró que los senadores del FA «repiten casi textualmente los argumentos expuestos por la empresa Montecon» en su acción de nulidad contra los Decretos 114/021 y 115/021 del 1º de diciembre pasado. Los legisladores también indicaron que TCP “acreditó” en su Plan de Negocios de 2001 que regía en el puerto de Montevideo “el régimen de libre competencia” y, además, “se comprometía a respetarlo”.

En su comunicado, TCP desmintió esas afirmaciones y recuera que el Estudio de Mercado y Proyección de Tráfico —elaborado en marzo de 2001 por la consultora CPA— fue realizado antes de la promulgación del decreto de reglamentación de TCP” y que en él no hay “acreditación” o “compromiso” alguno, sino una evaluación sobre la futura actividad de la terminal especializada “que aún no existía”.

A su vez, TCP sostiene que no precisaba “acreditar” o “comprometer” nada, desde que la empresa no cuestionó nunca —ni en sus innúmeros reclamos ante la ANP, ni en ocasión de anunciar la venta de su paquete accionario, ni al poner en marcha el mecanismo del arbitraje internacional, ni al firmar el acuerdo de febrero de 2021— el principio de libre competencia portuaria, consagrado por la Ley de Puertos de 1992.

«Los senadores muy bien saben (por cuanto TCP lo ha documentado en innúmeras ocasiones y ante todos los poderes públicos) que lo que la empresa cuestionó y cuestiona hoy mismo es que ese principio de libre competencia, regulado en el área portuaria de Montevideo por la Ley, sus decretos reglamentarios y en especial el Reglamento de Operaciones Portuarias de 1994, haya sido insistentemente desconocido por Montecon, beneficiada con la utilización ilegítima de espacios públicos, subsidios tarifarios, y prácticas discriminatorias contra sus competidores en las áreas públicas, en perjuicio de TCP y de las arcas públicas», expresan desde TCP.

Y agregan: «Y los senadores muy bien saben que la especialización de terminales como la de operación de contenedores es enteramente consistente con la libre competencia en las áreas públicas multipropósito, desde que está basada en una prioridad no exclusiva ni excluyente «.

Desde TCP declararon que «causa estupor que legisladores a los que la ciudadanía confía el análisis informado y sereno de las cuestiones públicas empleen los informes que se encuentran bajo escrutinio judicial a efectos de promocionar intereses empresariales privados contra una empresa en la cual el Uruguay es accionista, incurrir en el absurdo de pretender penalizar procesos administrativos, o escamotear el conocimiento de irregularidades que se han denunciado y de la cual tienen pleno conocimiento». 





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