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ONU le pone plazo a Uruguay para que presente estrategia de reforma del sistema carcelario

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ONU le pone plazo a Uruguay para que presente estrategia de reforma del sistema carcelario


La Organización de las Naciones Unidas (ONU) le pidió al Estado uruguayo que a más tardar el 13 de mayo de 2023 le presente un informe en el que se detalle en forma concreta una estrategia nacional de reforma integral del sistema penitenciario. También exigió que demuestre que siguió e investigó todos los casos de muertes ocurridas en los centros penitenciarios. 

Las solicitudes forman parte de las observaciones a las que llegó el mes pasado el Comité contra laTortura del organismo internacional, en el marco del IV Informe Periódico y que culminó con una serie de señalamientos hacia la situación de las prisiones en el país. Se trata de un informe de 15 páginas, al que accedió El Observador, y que pide también al gobierno el desarrollo de una estrategia de atención médica y sanitaria de los reclusos, además de diseñar mecanismos eficientes para denunciar la tortura y los malos tratos en las prisiones. 

Las investigaciones sobre las muertes, se señala, deben llevarse a cargo de forma imparcial y a través de un órgano independiente. Entre otros aspectos, allí se deberá analizar cualquier posible responsabilidad de la Policía y de los funcionarios penitenciarios y, cuando corresponda, otorgar una «indemnización justa y adecuada» a los familiares de las víctimas. 

Otra de las principales observaciones pasa por el hecho de que Uruguay, pese a anteriores recomendaciones del organismo, sigue sin tipificar en su ordenamiento jurídico el delito de tortura, tal como lo prevén convenios internacionales firmados por el país. Esa tipificación está hoy prevista solo en los casos vinculados a crímenes de guerra o lesa humanidad. La ONU planteó que esa carencia entra en contradicción con lo dispuesto en el Código del Proceso Penal aprobado en 2017, que introduce el mecanismo de habeas corpus para la protección de los presos ante la tortura. 

El argumento del Estado uruguayo es que la definición de delitos «es una atribución exclusiva del Poder Legislativo» y que la Constitución no prevé la preponderancia de tratados internacionales sobre leyes nacionales. 

Parte de estas observaciones fueron puestas sobre la mesa en el Parlamento por el comisionado Juan Miguel Petit, al recordar que el diseño de una estrategia para reformar el sistema carcelario fue promovida por el propio Poder Ejecutivo en uno de los artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC). Una artículo que, además, fue votado por todos los partidos y que no estuvo entre los impugnados en el reciente referéndum contra parte de esa normativa. 

Durante su presencia esta semana ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, Petit insistió en la necesidad de implementar medidas alternativas a la prisión. «Tenemos un sistema insostenible financieramente e impresentable desde el punto de vista de los derechos humanos, con una cantidad de población que desborda la capacidad de rehabilitación», dijo. 

El último informe del comisionado señalaba que Uruguay está en el puesto doce a nivel mundial en cantidad de privados de libertad en relación a su población. Dejando de lado algunas pequeñas naciones insulares, ocuparía el puesto número ocho. En su visión, el índice de prisionización dista mucho del nivel de inseguridad que tiene el país. «Esto nos muestra que estamos resolviendo problemas sociales con medidas penales», lamentó. 

Petit citó el caso de los cerca de 200 reclusos que están presos por tentativa de hurto, sin tener otro delito asociado. En esos casos, señaló, la prisión no es la solución. Citó además los estudios de diagnóstico que realiza el Instituto Nacional de Rehablitación (INR) al ingreso de cada persona a las cárceles. Se trata de un protocolo de riesgo denominado Oasis, que se aplica a nivel internacional y que indica que uno de cada cuatro que entran a las prisiones tienen bajo riesgo de volver a cometer delitos. 

«Eso genera que muchas veces tengamos en la cárcel a personas que no deberían estar», señaló Petit. El comisionado apuntó que en caso de tener adicciones, esas personas no van a tener tratamiento y sí un alto riesgo de empeorar su situación. «Es absolutamente dramático ver personas que entran por un delito leve y a veces terminan heridas de gravedad en la cárcel», dijo.

El informe sobre el Sistema Carcelario correspondiente a 2021 elaborado por Petit indicó que el año pasado 224 personas debieron ser trasladadas para ser atendidas en centros de salud, por agresiones o autoagresiones. Otro tanto son atendidas en las propias prisiones en incluso intervenidas con cirugías locales. Otras, por su parte, resultan heridas pero no hacen la denuncia. 

El informe del Comité de Tortura de la ONU realizó una serie de cuestionamientos a varios aspectos de la LUC. Allí el organismo mostró su preocupación por los efectos del artículo 21, que faculta a la Policía a interrogar de forma autónoma a un detenido –lo cual antes era una potestad autónoma de la Fiscalía– y que además elevó a cuatro horas el plazo para la comunicación de la actuación policial. 

El comité dijo en tanto haber tomado nota del informe que la Asociación de Defensores Públicos entregó el año pasado a la Suprema Corte de Justicia y que dio cuenta de un «elevado número de incumplimientos» en los procedimientos legales, incluidos casos de «detención ilegal, allanamientos sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía», así como la existencia de «coacciones psicológicas y hasta físicas para obtener la declaración del detenido».





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