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Enredo por envases: IM busca cómo implementar la nueva tasa que anunció para grandes empresas

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Enredo por envases: IM busca cómo implementar la nueva tasa que anunció para grandes empresas


El anuncio de Carolina Cosse sobre la generación de un «nuevo ingreso» en la Intendencia de Montevideo (IM) a través de una tasa cobrada a «grandes generadores» de residuos dejó cabos sueltos para los que las partes buscan una salida jurídica y bajada a tierra.

Para empezar, la comuna tiene que identificar «qué cuota parte de la basura que levanta corresponde a los generadores», explicó a El Observador el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi. 

Hoy en día las industrias son por ley las responsables de los envases que vierten en el mercado, por lo que diez años atrás crearon el fideicomiso del Plan de Gestión de Envases (PGE) para recuperar a través del descarte diferenciado y las plantas de clasificación –presentes en seis departamentos– dichos materiales. Sin embargo, la dinámica logra rescatar en el entorno del 4% del total, lo que en los hechos quiere decir que son las intendencias las que terminan haciéndose cargo de la mayor parte mediante la recolección de residuos. 

La nueva medida –que deberá pasar por la Junta Departamental– le abrió a la administración de Cosse un frente con la Cámara de Industrias (CIU), que arremetió contra lo que entiende como un costo adicional al ya «complejo desafío» de cumplir con las metas establecidas a mediados del año pasado por el Ministerio de Ambiente. La cartera conducida por el colorado Adrián Peña resolvió que para diciembre de 2023 exista una recuperación del 30% de los envases, y que dicho porcentaje ascienda al 50% para 2025. 

En plena «fricción» entre las partes, el líder de Ciudadanos convocó este lunes a su despacho en Torre Ejecutiva a los referentes de Desarrollo Ambiental de la IM y a una delegación de la Cámara de Industrias para mediar entre ambos intereses. En esa instancia Moncecchi comentó que buscarían «hacer un muestreo» para saber «cuál es el costo de la recolección» de los materiales que por ley deberían rescatar las empresas pero que al final terminan levantando de los contenedores –o limpiando en basurales– los camiones municipales.

«Cómo se va a hacer, no lo sabemos. Puede ser en la calle, en persona o analizando lo que se recibe en (el sitio de disposición final) Felipe Cardoso», contó más tarde a El Observador. El estudio deberá ir acompañado de un pedido de declaración jurada a las empresas. Hoy el mecanismo ya se aplica a través del Ministerio de Ambiente –antes Dinama– pero no discrimina por departamentos, por lo que aún no hay un indicador preciso para señalar cuántos envases circulan por Montevideo.

Archivo. Contenedores vandalizados en el Municipio A

El proyecto de la IM –denominado como «precio» según el derecho tributario– maneja tres variables para establecer una suerte de paramétrica: el nivel de recuperación efectivo de los envases hoy en día, la cantidad de residuos de este tipo que terminan enterrándose en Felipe Cardoso –cuando no debiera ser así– y los que acaban desperdigados en cursos de agua, según explicaron fuentes al tanto de las conversaciones.

En la comuna saben de la necesidad de dotar de la suficiente «solidez jurídica» al nuevo tributo, porque en caso contrario le puede acarrear recursos o impugnaciones de parte de las empresas. 

«Las metas de Ambiente son realmente un desafío muy complejo de llevar a cabo. No solamente por la inversión, sino por los tiempos», dijo a El Observador el presidente de la CIU, Alfredo Antía, respecto a las resoluciones de Peña sobre niveles de recuperación para los próximos años. «De por sí es una quimera para las empresas, es escalar una montaña muy compleja», sostuvo el empresario. 

La gremial está proyectando una inversión entre ocho y doce veces mayor que el actual PGE, con cifras de entre US$ 40 y US$ 50 millones para disponer 29 plantas de clasificación en todos los departamentos –hoy solo hay en seis (cuatro en Montevideo)– y otros 9.000 puntos de devolución –como los contenedores de las grandes superficies–. El empresario había considerado que ya de por sí dicha apuesta es «un plan de primer mundo» y que «es muy difícil pensar» que no repercuta en los precios al consumidor final. 

«A esto se le agrega el planteo de Montevideo de generar una tasa. Si estábamos en una situación compleja, ahora se le agrega esto otro, lo que vuelve muy difícil el punto de encuentro», declaró. «Esta tasa, que es uno de los territorios del país, es un punto que agrega fricción y que vemos con escepticismo», afirmó Antía. 

La administración de Cosse pretende poner «cuanto antes» en práctica el nuevo ingreso. Desde la comuna buscan que la tasa a productos plásticos no se superponga con los costos que el Plan VALE –como se llamará el nuevo proyecto de la gremial– traerá aparejado a las empresas. En la Cámara de Industrias, en cambio, lo ven como «muy difícil de instrumentar». 





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