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en votación dividida, el Tribunal de Cuentas resolvió no objetar contrato con Katoen Natie

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en votación dividida, el Tribunal de Cuentas resolvió no objetar contrato con Katoen Natie


El Tribunal de Cuentas (TCR) aprobó este miércoles por mayoría (cuatro contra tres) no formular ninguna objeción al proceso que llevó adelante la Administración Nacional de Puertos (ANP) en torno a las modificación y ampliación del contrato de concesión de la terminal de contenedores al consorcio Terminal Cuenca del Plata (TCP). 

La resolución, según pudo saber El Observador, contó con el voto contrario de los tres ministros designados para representar a la oposición en ese organismo de contralor. El TCR puso fin así a un largo análisis del caso, que había comenzado en setiembre y que había generado serias diferencias entre sus integrantes. 

Se allanó así a la tesis formulada por uno de los informes técnicos, ambos contradictorios entre sí, que el tribunal recibió para pronunciarse al respecto. Se trataba de un estudio elaborado por una funcionaria de carrera del organismo, que señaló que la actuación del gobierno en este tema resultaba «ajustada a derecho» por lo que no correspondía formular objeciones. El trabajo de esta funcionaria fue objetado públicamente por el Frente Amplio, al identificarla por sus publicaciones en las redes sociales como militante del Partido Colorado. 

Los ministros que responden a la oposición quedaron en minoría al intentar avalar otro informe técnico, también redactado por funcionarios del organismo, que resultó extremadamente crítico con el accionar del gobierno y que recomendaba observar a los representantes del Poder Ejecutivo que habían actuado en contrato.

Allí se marcaba, entre otros aspectos, la carencia de un «asesoramiento preceptivo» con el que debió contar la ANP antes de autorizar la extensión del contrato, prorrogado por 50 años y hasta 2081 luego de un acuerdo con Katoen Natie, principal accionista de TCP, que amenazaba con un juicio multimillonario al Estado. 

Ese informe expresaba que la actuación del ente portuario no había resultado «ajustada a las disposiciones» al haber recibido el asesoramiento el 7 de abril de 2021, más de un mes después de haberse firmado el contrato. 

Por otra parte, se cuestionaba que ese «asesoramiento» debería haber sido emitido en un acto administrativo de la ANP y no por una «nota» individual de Juan Curbelo, su presidente, que «no puede tomarse como manifestación de la voluntad orgánica de la Administración». 

Además se señalaba que la aprobación de los decretos 114/021 y 115/021, emitidos por el Poder Ejecutivo acompañando el nuevo contrato con Katoen Natie, contravino la Constitución, la ley de Regulación del Derecho Comercial Marítimo y el decreto que fijó las Reglas Generales de Actuación Administrativa. 

El primero, publicado el 21 de abril del año pasado, establece un nuevo contrato de gestión de la terminal de contenedores. El segundo, de la misma fecha, incluye el nuevo reglamento de atraques de buques. 

Otro punto en contra del gobierno gira en torno a que no se pudo acreditar que dichos decretos fueran a redundar en beneficio del interés general y en una mayor eficacia del puerto. 

Específicamente, se señala que el decreto 114/021 «tiene por consecuencia jurídica y práctica restringir el acceso y ejercicio de las actividades relativas a contenedores descartando la libre competencia», limitando la posibilidad de que la Administración otorgue nuevas concesiones y permisos, restringiendo así los cometidos de la política portuaria, en base a restricciones que la ley no prevé. 

El informe que la mayoría de los ministros del TCR decidió no avalar expresaba que el acuerdo entre el Estado y  Katoen Natie es «objetable en cuanto a su regularidad jurídica».

En esa conclusión se basa, en parte, la denuncia penal que el Frente Amplio presentó ante la Justicia y en la que pide que Curbelo, el entonces ministro de Transporte Luis Alberto Heber, el subsecretario Juan José Olaizola y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, sean indagados por su responsabilidad en los eventuales prejuicios que al interés público generó su accionar. 

El argumento del gobierno para suscribir el acuerdo con Katoen Natie fue que el Estado arriesgaba perder US$ 1.500 millones ante el anuncio de una demanda por parte de la multinacional belga, y que además se aseguró una millonaria inversión para el puerto.





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