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«El momento es ahora»: el punteo en el que el gobierno justifica la reforma de las jubilaciones

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«El momento es ahora»: el punteo en el que el gobierno justifica la reforma de las jubilaciones


Una reforma que amplía derechos para generar más igualdad en un marco de sustentabilidad. Una reforma necesaria. Una reforma para la que el momento es ahora. Así justificó el Poder Ejecutivo la necesidad de una reforma integral del sistema de seguridad social que intentará concretar en este período. Lo hizo a través de un punteo con una extensa serie de argumentos y lineamientos que fue enviado a última hora de este viernes a los 73 senadores y diputados de la coalición de gobierno. 

“Desde hace muchos años que políticos y gobernantes de todos los partidos coinciden en la necesidad de una reforma de este tipo”, dice el texto, al que accedió El Observador. Allí se citan varias de las principales figuras del actual oficialismo, como la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el titular de Trabajo y Seguridad social, Pablo Mieres, el director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, y el expresidente Julio María Sanguinetti. 

Y también nombra a figuras vinculadas al Frente Amplio, como al fallecido presidente Tabaré Vázquez, a Danilo Astori y a José Mujica, a los que Presidencia había apelado el pasado jueves 12 cuando ante todo el oficialismo presentó los lineamientos generales emanados de la comisión de expertos que trabajó desde el año pasado en los lineamientos generales de la propuesta. 

En el documento, el gobierno dice tener encuestas que señalan que el 70% de los uruguayos cree que el actual sistema jubilatorio es injusto y que debe ser reformado. Si bien se identifican fortalezas que se deben mantener o incrementar, también se subrayan deficiencias que habrá que corregir y desafíos que enfrentar. En particular, la desigualdad en el acceso a los beneficios que pueden obtenerse según en qué caja se cotice. A eso se le suma el fenómeno de una sociedad en donde cada vez hay más ancianos mientras la población joven disminuye, lo que hace que la «mochila» sobre los trabajadores sea cada vez más pesada y compromete cada vez más la sustentabilidad del sistema. 

Ese es uno de los principales sustentos técnicos del planteo. Un informe del Banco de Previsión Social (BPS) presentado en el encuentro entre el presidente Luis Lacalle Pou y los legisladores marcó que una baja tasa de nacimientos y una expectativa de vida cada vez mayor pondrán en jaque las bases del sistema. Las proyecciones en ese sentido indican que, para 2100, la población uruguaya será de 2,7 millones de personas, una situación «grave» a los ojos de las autoridades, ya que plantea severos desafíos para las futuras generaciones.

El Poder Ejecutivo dejó en claro que quienes ya están jubilados no tendrán ningún cambio en su situación. Si la reforma se concretara hoy, tampoco abarcaría a los nacidos antes de 1966.

«El momento es ahora», expresa el documento. A juicio del gobierno, hoy sería posible emprender una reforma con un período de transición muy gradual que «amplíe derechos» a la vez que «mejore la situación» de los trabajadores con menores ingresos. «Los efectos de las reformas previsionales no son inmediatos, por lo que a medida que pase el tiempo será cada vez menos posible plantear transiciones tan graduales», se advierte. «Esta es una oportunidad única de cambio». 

Una reforma muy gradual

El gobierno visualiza una transición que va de 15 a 20 años en todos los subsistemas, que irían progresivamente convergiendo a un régimen jubilatorio común, con el principio de igualdad en la base de la propuesta. Un régimen con las mismas reglas para todas las cajas en donde las diferencias sean proporcionales y tengan un fundamento sólido. La propuesta pasa por distinguir entre una edad jubilatoria «normal» para la que existen dos alternativas. La primera incluiría a los nacidos a partir de 1967. La otra, a los nacidos a partir de 1971.

La edad «normal» es la que se propone incrementar «de manera muy gradual» a lo largo de un período no inferior a 14 años. «La ampliación de derechos solo será posible si la seguridad social es sostenible», se advierte. «Para eso, la edad de jubilación debe aumentar progresivamente». 

En el primero de los ejemplos y en un esquema actual de 60 años de edad y 30 de aportes, la propuesta es que a los nacidos en 1967 se les aumente un año el tope: deberán esperar a jubilarse a los 61. Los nacidos en 1968 deberían trabajar hasta a los 62, los nacidos en 1969 deberán hacerlo hasta los 63, y así sucesivamente hasta llegar a 1971. La edad mínima de jubilación para los nacidos a partir de esa fecha quedaría fijada en 65 años. Este nuevo régimen propuesto podría tener excepciones, como por ejemplo para las personas con una larga trayectoria de aportes. 

También se prevé una «edad anticipada» que permitirá atender determinados casos, como personas ocupadas en trabajos peligrosos o expuestas a riesgos especialmente severos.

La reforma planteada aspira a aumentar la cobertura y establece niveles mínimos de protección en los que «cada peso cuente». Se propone un suplemento –a cargo de Rentas Generales– para aquellas jubilaciones que, habiendo aportado el tiempo suficiente, no lleguen a niveles adecuados de beneficio, con una fórmula de cálculo que «premie» el mayor aporte realizado. 

Se aspira además a establecer un adicional a las pensiones por vejez o invalidez que reconozca el valor de los aportes jubilatorios realizados. Allí se documentan casos que no logran configurar causal jubilatoria pero que cuentan con entre ocho y nueve años de aportes, que incidirían en un incremento del actual beneficio. «Los más vulnerables van a cobrar significativamente más de lo que cobran hoy», se asegura. 

La reforma propone también universalizar el derecho para todos los jubilados de iniciar o mantener una actividad laboral, siempre que sea diferente a la que se desempeñó como activo. Hoy, según se señala, solo cuentan con ese derecho los exempleados bancarios, policías, militares o funcionarios públicos. No disponen de ella la mayoría de los jubilados del sector privado. 

Otro de los puntos a incluir es la ampliación en el reconocimiento de un año de trabajo por cada hijo a todos los subsistemas, y duplicar esa previsión en el caso de hijos con discapacidad severa. Además, se prevén mantener beneficios como el Subsidio Especial de Inactividad Compensada para quienes están desempleados y muy próximos a la jubilación, así como la posibilidad de acceder a la jubilación generada por el ahorro personal en condiciones similares a las actuales o, si no se alcanzaran los 30 de trabajo en situaciones de desempleo prolongado no cubierto por el sistema, mantener el mínimo de 60 años de edad vigente.

Tiene que haber voluntad

El gobierno reivindica en el documento que se trata de una reforma surgida del diálogo social y que necesita acuerdos. «Es una política de Estado», se afirma. Se trata de un mensaje que desde el oficialismo se viene dando insistentemente. Debe haber un acuerdo de todo el sistema político. De lo contrario, subrayaron varios integrantes de la coalición, el Frente Amplio deberá hacerse cargo de los efectos de no lograr una reforma. 

El presidente Lacalle Pou había remarcado la semana pasada que la reforma jubilatoria era, además de una promesa asumida en campaña electoral, un compromiso personal. «Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo», apuntó el mandatario este viernes en rueda de prensa. «Hay que dejar un sistema sostenible», de lo contrario «si sigue esta trayectoria tus hijos y mis hijos no se van a poder jubilar, por lo menos con una jubilación como merecen», agregó. 

En esa línea el documento del gobierno habla de la disposición a establecer «nuevos canales de diálogo» para lo cual –aclara– se requieren actores con «real y sincera voluntad de acordar». 





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