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combina viejas medidas intervencionistas con ajustes de bajo perfil

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combina viejas medidas intervencionistas con ajustes de bajo perfil


El pavoroso dato de la inflación de febrero –4,7% general, con el agravante de que el rubro alimentos marcó un 7,5%– confirmó lo que todos sospechaban en Argentina: que la suba de precios dejó de ser un dato económico para transformarse en una crisis política.

A diferencia de los debates en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los rumores sobre qué tan grave es la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner –temas que son sólo seguidos por el “microclima” de las minorías politizadas–, el de la inflación es un tema que tiene en vilo a toda la sociedad. Y que, como sabe toda la clase política, tiene el potencial de hacer fracasar gobiernos.

Para empeorar las cosas, a fin de mes se dará a conocer el dato sobre pobreza e indigencia, uno de los momentos en que el gobierno ya asume como un trago amargo, porque volverá a dar la medida de la herida social del país, con una proyección de 40% de la población sin sus necesidades básicas satisfechas.

Fue esta alarma social lo que motivó al gobierno a dar un golpe de efecto y anunciar “una guerra contra la inflación”. El nombre dramático elegido por Alberto Fernández deja en claro que el objetivo principal fue el de cambiar las expectativas de la sociedad, justo en un momento en el que todas las previsiones están siendo revisadas al alza.

Las encuestas entre economistas, como la que realiza el Banco Central, marcan una proyección de 55% para el año, pero los analistas más escépticos ya hablan abiertamente de una inflación superior al 60%. Son cifras que dejan muy lejos la previsión del ministro de economía, Martín Guzmán, quien en la carta de intención con el FMI planteó una meta de 43% para el año y pretende, además, que los sindicatos tomen esa cifra como referencia para las negociaciones salariales.

Tras el acuerdo con el FMI, la urgencia de revertir expectativas

Paradójicamente, el éxito del gobierno al lograr el acuerdo con el Fondo –y su trabajosa aprobación por parte del Parlamento– fue uno de los elementos que agregaron presión a la inflación. Porque Guzmán se comprometió a recortar el subsidio estatal a la energía, lo que implica que habrá subas en las tarifas de servicios públicos, que promediarán un 80%.

Además, se comprometió a acelerar el ritmo de deslizamiento del dólar, para evitar el atraso cambiario, de manera que mientras el año pasado la tasa de devaluación promediaba el 1% mensual, ahora está en torno al 3%.

Como ya quedó en claro con la experiencia del macrismo, una suba simultánea de tarifas, de combustibles y además del dólar, para una economía que ya venía con una inercia inflacionaria, puede ser un combo explosivo.

Además, claro, se agrega el efecto de la guerra en Europa, que provocó el consabido shock de cambio de precios relativos. Argentina es un gran exportador de soja, maíz y trigo, y entonces los precios internacionales “contagian” a los precios internos. Y en cuanto a las importaciones, Argentina depende crecientemente de la compra de gas, de manera que se ve impactada por el cambio geopolítico de las sanciones a Rusia.

Lo cierto es que, en algunos casos por ser productor, y en otros por ser importador, el shock de precios internacionales terminaron con un mismo efecto: alimentaron la inflación.

La urgencia del gobierno por cambiar las expectativas tiene además otra fundamentación muy concreta: ya todos los economistas están previendo que en marzo y abril la inflación se estacionará en el nivel de 5% mensual, dado que jugarán en contra factores estacionales y se empezará a sentir de lleno el efecto de la suba de tarifas públicas.

El verdadero paquete anti-inflacionario

El paquete de medidas preparado por el gobierno incluyó muchas de las medidas clásicas para estas situaciones: aumentos de retenciones de exportación en productos como aceite y harina, creación de fideicomisos para subsidiar precios de verduras y de productos panificados, acuerdos de precios máximos para productos de la canasta básica, retoques de tasas de interés para retirar circulante del mercado.

Pero, como ya sospechan los economistas, los verdaderos componentes del plan anti-inflacionario son los que no se anuncian, algunos para no irritar al FMI y otros para no crear problemas políticos.

Para empezar, quedó en evidencia que no se podrá cumplir el compromiso de deslizar el precio del dólar al mismo ritmo que los precios. Los funcionarios saben que esa carrera se retroalimenta y es potencialmente peligrosa, de manera que, en contra de la recomendación del FMI, volverán a usar el clásico instrumento del “ancla cambiaria”.

De hecho, ese cambio ya se venía insinuando: desde diciembre a febrero, contra una inflación acumulada de 12,9%, el deslizamiento del dólar fue de 7,4%. Lo cual implica una “inflación en dólares” de 5% en apenas un trimestre.

Otro mecanismo “inconfesable” para frenar la inflación es el recorte de los salarios, de manera que los incrementos nominalmente sean inferiores a la inflación. Claro que el gobierno lo presenta como un “acuerdo de precios y salarios”, para lo cual ya cuenta con el guiño de las agremiaciones industriales y las centrales sindicales.

El ministro Guzmán quiere generalizar una pauta de aumento salarial para el año que no supere el 45% –es decir, como mínimo 10 puntos por debajo de la proyección inflacionaria– con la promesa de que, en caso de que haya un desborde inflacionario, se aplicará una cláusula de ajuste.

Por cierto que nunca esos ajustes se aplican de única vez sino en varias cuotas al año, lo cual implica que, aunque el salario le empate a la inflación “entre puntas” del año, en el promedio habrá una pérdida de poder adquisitivo.

Cerrando la canilla monetaria

Pero acaso la mayor apuesta de Guzmán para frenar la inflación sea la del ajuste fiscal y monetario que se comprometió en el acuerdo con el Fondo.

Lo que afirman los economistas de la línea ortodoxa es que, más allá del impacto de la “inflación importada”, lo que está motorizando los precios hoy es la gran expansión monetaria ocurrida en el final del año pasado, en coincidencia con el cierre de la campaña electoral para las legislativas.

El popularmente conocido Plan Platita implicó que en el cuarto trimestre del 2021 se emitiera dinero para financiar gasto público por un volumen mayor al que se había registrado en los nueve meses previos.

Hablando en dinero, se volcaron al mercado unos 964.000 millones de pesos argentinos –que, al tipo de cambio oficial, equivalen a unos US$ 10 mil millones–. Y, en términos de la base monetaria, implicaron una inyección de 28%.

Dado que hay un período de “delay” entre esa expansión monetaria y su reflejo en los precios, recién ahora se estaría percibiendo el efecto de aquella monetización de la economía.

El ministro Guzmán confía en que todo eso tendrá su reversión. No le queda margen para pensar otra cosa, dado que se comprometió con el FMI a recortar un punto el déficit fiscal y, además, a limitar en apenas 1% –es decir, un tercio del nivel del año pasado– la asistencia del Banco Central al Tesoro para financiar el gasto público.

Entre memes y aumentos preventivos

Pero claro, Argentina está en un momento hipersensible desde el punto de vista político, con la coalición gubernamental fisurada de hecho. Y entonces el gobierno no quiere exacerbar las diferencias con un anuncio que suene a ajuste tradicional. Es por eso que anuncia con mucha exposición mediática las medidas de persecución a “los especuladores” y amenaza con sanciones a las empresas. Una concesión a sus socios más radicalizados del kirchnerismo.

De todas formas, en los tiempos que corren no resulta tan fácil como antes hacer este tipo de anuncios. Las redes sociales han sido crueles con el gobierno, ironizando con memes y humoradas sobre “la guerra” contra la inflación y dejando en ridículo algunas de las medidas que suenan a viejo.

Es así que se han viralizado videos de la década de los años ’70 en los que militantes controlaban en las carnicerías que se respetaran los precios máximos impuestos en la última presidencia del general Perón.

Y, mucho más preocupante que las burlas en las redes, hay otro efecto que el gobierno no vio venir: al anunciar con varios días de antelación que empezaría su “guerra”, los empresarios se apresuraron a una ola de remarcaciones preventivas.

Así, las empresas líderes del rubro alimenticio ya pasaron nuevas listas de precios, que en el caso de productos lácteos promedian aumentos del 10% y en productos farináceos como fideos y galletitas llegan al 15%.

La guerra anunciada por Alberto Fernández ya empezó con bajas en el bando oficialista. Pero, en realidad, la mayor apuesta es a lograr, esta semana, el apoyo sindical para que las paritarias no excedan la marca sugerida por el gobierno.

Mientras tanto, en las calles, sigue cada vez más ruidosa y masiva la postal que más incomoda al peronismo: la protesta de los movimientos piqueteros, que representan a los desocupados y trabajadores informales, que en el mejor de los casos reciben una ayuda equivalente a medio salario mínimo, una suma que equivale a un 25% de lo que se necesita para estar sobre la línea de pobreza.





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