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Caja de Profesionales aprobó una auditoría de gestión de los últimos 15 años

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Caja de Profesionales aprobó una auditoría de gestión de los últimos 15 años


El Directorio de la Caja de Profesionales resolvió por unanimidad realizar de forma urgente una auditoría de gestión de la actuación de los directorios de los últimos 15 años.

La resolución, que contó con el voto de los siete integrantes de la actual junta directiva —que asumió el pasado 14 de diciembre— fue firmada en la sesión de este miércoles por la presidenta Virginia Romero y el director secretario Blauco Rodríguez.

La mencionada resolución ya tomó vigencia e se aprobó “a los efectos de determinar eventuales responsabilidades de cualquier índole en la gestión y en la toma de decisiones y su posible nexo y/o correspondencia con la situación económico financiera actual del Instituto”.

En ese sentido se expresa que la auditoría deberá determinar el tipo de responsabilidades, si existieran, y se encomienda a los servicios de la institución la realización de un llamado a consultoras independientes nacionales e internacionales.

Esta solicitud del Directorio responde a la situación de déficit de la Caja de Profesionales que se estima entre US$ 166 millones y US$ 262 millones para el período 2021-2026 en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.

La caja ya había recibido señales de alerta en el año 2010 y en 2014 los balances operativos comenzaron a dar negativos. En 2020 se cumplieron seis años de números rojos consecutivos y la situación, lejos de mejorar, empeoró con la llegada de la pandemia.

Lo que se ha hecho hasta ahora para combatir el déficit

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres dijo a El Observador que la situación patrimonial de la caja “es muy delicada” y con “una perspectiva de que si no se incorporan nuevas medidas para revertir la tendencia al aumento del déficit estaría en una situación de imposibilidad patrimonial”.

Las actuales autoridades de la Cjppu presentaron a fines de febrero distintas medidas para paliar el déficit el organismo y el Poder Ejecutivo dio su respuesta a principios de abril, apoyando algunas y descartando otras.

Además, el 8 de abril, el Directorio de la Cjppu aprobó una rebaja salarial para los gerentes y funcionarios de la institución.

Se acordó “aplicar el artículo 744 de la Ley 19.924 de fecha del 30 de diciembre de 2020, que topea los salarios que pueden percibir las personas que prestan servicios a organismos públicos no estatales, impidiendo que superen los “ingresos mensuales permanentes superiores” de un subsecretario de Estado

Esto con las excepciones autorizadas por Presidencia contenidas en una norma de abril de 2020. Los organismos podrán solicitar, en casos excepcionales y por razones fundadas en la notoria competencia o experiencia fehacientemente comprobada de la persona física, exceder el tope dispuesto para lo cual deberán contar con previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Se marca que los ocho gerentes podrán hacer uso de las excepciones si el Directorio lo permite, con sus respectivas bajas de salarios. El salario del gerente general, hoy Miguel Sánchez, bajó de $ 626.694 a $ 413.191 nominal. El gerente de Informática pasó a cobrar $ 286.947, el gerente de Recaudación y Fiscalización $ 283.782, y el gerente de afiliados $ 274.899Estos montos podrán ser incrementados si así lo fijan los Consejos de Salarios siempre que «no superen el porcentaje de aumento de los funcionarios públicos».

A cuatro de ellos se les congela el salario hasta que alcancen la franja de lo que percibe un subsecretario de Estado. Así, cobrarán $ 282.506 nominales: los gerentes de Asesoría Técnica, de Planificación y Control de Gestión, de Asesoría Jurídica, el administrativo contable, y el auditor interno.

Estos salarios no cuentan «el sueldo anual complementario legal, la prima por antigüedad y los beneficios sociales», agrega la resolución, que da vigencia a las excepciones hasta el 31 de diciembre de 2022.





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