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Auditoría detectó riesgos «extremos» por falta de controles en el Fondo de Incentivo Cultural

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Auditoría detectó riesgos «extremos» por falta de controles en el Fondo de Incentivo Cultural


En el último año de gobierno del Frente Amplio, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) le había pedido a la Auditoría Interna de la Nación un informe para evaluar la estructura del control interno diseñada e implementada para la gestión del Fondo de Incentivo Cultural (FIC), administrado por el Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artísticos Culturales (Conaef). 

El análisis comenzó en junio de 2019, incluyó los proyectos presentados el año anterior y se extendió hasta agosto del año pasado, ya en la nueva administración. La conclusión fue que el sistema de control interno implementado para el FIC presenta debilidades que no permiten garantizar una gestión conforme a la normativa vigente, ni que los recursos públicos se hayan utilizado de forma transparente y en condiciones de igualdad para los postulantes. 

Allí se identificaron carencias en la estructura organizativa del Conaef y debilidades en su funcionamiento que, entre otros aspectos, afectaban la asignación de responsabilidades, la debida oposición de intereses, el registro oportuno y confiable de la información para la rendición de cuentas, la emisión de estados financieros y la toma de decisiones.

El FIC está bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos, ante la denuncia de una posible defraudación fiscal y el faltante de $ 7 millones, en una situación que se arrastra desde la pasada administración

En un informe de seguimiento, culminado hace pocos días y al que accedió El Observador, la Auditoría Interna de la Nación detectó nuevas irregularidades graves que plantean un «riesgo extremo» para los intereses del Estado. 

Por ejemplo, que la conformación e integración de la Conaef difiere a lo establecido en su ley de creación. A juicio de la auditoría, eso afecta las mayorías previstas para la toma de decisiones, abriendo el riesgo de que sus resoluciones sean jurídicamente inválidas y pasibles de ser impugnadas. 

El informe detectó además «inasistencias prolongadas y en algunos casos permanentes» de los integrantes del consejo, sin evidencia de acciones correctivas. También que las actuaciones no eran escrituradas en el Libro de Actas sino adosadas, con lo que todo o parte del texto puede ser sustituido o extraviado. El último registro de ese libro es del 24 de octubre de 2018, con apenas tres firmas de 17 posibles, con lo que no se puede asegurar el respaldo legal a las decisiones tomadas.

La AIN comprobó además debilidades extremas en el proceso y los criterios de selección de proyectos a ser beneficiados. Se indica que no existe evidencia de una aprobación formal de bases ni condiciones, ya que el acta correspondiente, que tampoco está firmada, no las incorpora. Tampoco se verificó la aprobación de los lineamientos vigentes para la elaboración de los presupuestos. Por ejemplo, el tope de 20% de honorarios para los promotores de los proyectos. 

Según se señala, no hay un criterio específico para una valoración objetiva de las propuestas, ni metas e indicadores que permitan medir su nivel de éxito. 

Un punto central de las observaciones giró en torno a los procedimientos previstos para emitir las constancias de aporte de las empresas ante la Dirección General Impositiva (DGI). Allí se señala que no existen garantías sobre la integridad de la constancia en lo que refiere a su titularidad e importe declarado. Esto se debe a que las constancias son generadas a partir de una planilla Excel sin protección ni control, con cotizaciones y porcentajes de beneficio fiscal digitados para cada proyecto. 

Se detectó además que no se solicitaban los comprobantes de depósito exigidos por ley para verificar su veracidad. Tampoco se realizaban conciliaciones bancarias, sino punteos de créditos de los estados de cuenta, procedimiento que no asegura que los depósitos hayan sido acreditados correctamente. Así, un mismo funcionario ingresa los datos y genera las constancias, no siendo verificado por un tercero. 

El informe de la AIN señaló a su vez que el procedimiento de liberación de fondos para los proyectos y los pagos efectuados no garantizan que el dinero vaya a quien correspondan y con el respaldo documental correspondiente. Entre otros, por contratos que no incluyen cuenta a depositar, pagos por transferencia bancaria que se solicitan por formulario web que no exige el titular de la cuenta y pagos con cheques sin constar evidencia de la representación legal de la firma de quien los retira, lo que abre la posibilidad de efectuar pagos a quien no corresponda. 

Otra de las constataciones fue que se pagaron gastos sin tener el debido respaldo documental. Por ejemplo, el jurado de contenidos del año 2018 percibió sus honorarios sin presentar la factura correspondiente. 

La AIN dijo no haber obtenido evidencia de que se esté realizando un seguimiento sobre las observaciones que surgen del control de rendiciones de cuentas presentadas por los promotores. El informe advierte que esa situación lleva a que se estén liberando fondos a proyectos con rendiciones irregulares previas. 

Así es que, a partir de los informes de Contaduría que analizó los gastos y su análisis, la auditoría constató que para un proyecto audiovisual, individualizado como B7.17.2, con un presupuesto de $ 3.307.000, se liberaron tres partidas en 60 días por un total de $ 1.013.000 sin contar con la rendición de las dos primeras. Se detectaron otros proyectos con una rendición de facturas sin recibo oficial que justifique su pago. 

Otro proyecto, el L.11.14.9, recibió un pago de $ 203.600 en concepto de derechos de autor, pero con documentación que acreditaba retiro de utilidades. Hubo gastos rendidos por un promotor en más de un proyecto y múltiples documentos de retiro de utilidad de una misma empresa promotora. También, aportes al Banco de Previsión Social (BPS) donde se declaran personas que no están imputadas al proyecto referido. 

Con respecto a la confiabilidad de la información sobre el fondo, se constató que la plataforma web y los registros internos tienen debilidades, errores y omisiones que no permiten determinar la situación real del estado de los proyectos y confrontar las liberaciones pendientes con los saldos bancarios. 

El último estado financiero auditado data de 2010. Desde entonces se realizaron balancetes hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha en la existe una cuenta denominada «pagos sin identificar» por un total de $ 22.722.000. Un monto que, indicó la AIN, se viene arrastrando en forma incremental hasta el presente ejericio y que se netea con otra cuenta, «Aportes m/n empresas», cuyo saldo final es de $ 3.881.000. 

Dicho monto, se señala, no coincide con el saldo de otra cuenta, «BROU m/n Fondo Específico», por $ 4.876.000. Al no existir conciliación bancaria ni información confiable, no fue posible establecer la causa de esta diferencia.





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