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Abogados de Operación Océano piden inconstitucionalidad de leyes y señalan chats con «métodos para captar viejos»

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Abogados de Operación Océano piden inconstitucionalidad de leyes y señalan chats con «métodos para captar viejos»


Los abogados de los 11 imputados que irán a juicio por la Operación Océano presentaron un escrito para promover un recurso de inconstitucionalidad contra cuatro artículos por los que la Fiscalía pretende condenarlos. En el documento, al que accedió El Observador, los abogados replican diferentes chats entre las víctimas que, entienden, prueban que había una «organización conformada por jóvenes mayores y menores de edad, de una activa y desarrollada vida sexual precedente, que ofrecían sus servicios a cambio de dinero infiltrándose en redes sociales exclusivas para adultos». 

«Mediante una puesta en escena perfecta y premeditada, haciéndose pasar idóneamente por mayores de edad, en base a mentiras, creación de perfiles de usuarios falsos, apariencias físicas y producciones de imagen, utilización de cédulas de otras personas o falsas, entre otras estratagemas, induciendo al error a los acusados», manifestaron. 

De acuerdo a los abogados, por lo menos tres de las víctimas «progresivamente iban perfeccionando sus métodos para captar ‘viejos’, ‘con cuanta más plata mejor’, para ofrecerles sexo, haciéndose pasar, idóneamente, por mayores de edad», expresaron. 

Para fundamentarlo, replican conversaciones de quien es considerada la principal víctima de la causa. Una de las víctimas (16 años) le preguntaba a la principal víctima (17 años) cuál era la página de «sugar daddys». «Necesito plata», le escribió, a lo que la principal víctima le respondió: «Ahora estoy en una previa por ir a una fiesta, pero después te explico todo. No hagas nada sin que lo hablemos antes así te ayudo o no te equivocas». 

«Necesito que me ayudes y me des consejos de cómo hacer (…) Le dije que tenía 18, me muero de nervios si se da porque yo parezco chica. Pero no sé qué cosas sí se puede decir y qué cosas no», le preguntaba la adolescente de 16 años. La principal víctima le respondió: «Vos te inventás otro nombre, que estudiás en tal facultad, que tenés 18 (…) Tenés que conseguir una manera de relajarte (no te drogues) que todo se puede actuar (…) Tenés que armarte la historia, el día exacto que naciste, nombre, facultad». 

Luego, le daba consejos sobre a qué tipo de hombres aceptar, el costo, cómo ir vestida y maquillada. En otro momento, le recomendó que si no estaba «muy bien emocionalmente», fuera al psiquiatra y le pidiera pastillas, le sugirió que pidiera un tipo en particular y que para que se la recetaran iba a tener que fingir tener déficit atencional o «hacerse la depresiva». 

En otro pasaje de los chats que citan los abogados, la víctima de 16 años le escribe que necesita una cédula y la principal víctima responde que la que ella tiene la robó. Le sugiere que para conseguir una propia puede o comprarla o hacer una denuncia falsa. 

De acuerdo a la defensa de los indagados, utilizaban el dinero que cobraban para hacerse tratamientos estéticos, comprar ropa costosa, pasar fines de semana en hoteles de lujo, traslados en Uber, alcohol y drogas. 

«Lo que ganaba mi padre en una semana lo gano en una hora», le dijo la principal víctima a otra víctima, que tenía también 17 años. Ella le contestó: «Igual cuando vos al fin seas mayor, amiga, vas a ser como mi representante, jajaja, me cobrás todos los giros y eso vos». En otros mensajes, le contaba la frecuencia semanal con la que se reunía con adultos y le marcaba su preferencia en cuanto a rango de edad y nivel socioeconómico. Cuanto más alto, mejor. Se refería a ellos como «los viejos». 

Con esta misma adolescente, la principal víctima conversó sobre cómo «empedar o meterle pastillas» a un joyero para «robarle todo el oro». 

Víctima: «Si le robás oro, imaginate si lo vas a vender y se dan cuenta o hace la denuncia».

Principal víctima: «Soy menor y tiene 70»

Víctima: «Jajaj ehh. Terrible viejo. ¿Cuánto te va a pagar?»

Víctima: «Ah, bueno, está bien. Robale más si podés». 

Víctima: «Jajaja. No sé, boluda. Pero hacé lo necesario para que nos quiera ver a las dos. Es horrendo, después lo vamos a cagar igual, jajaaja y con respecto a lo otro podés ganar guita, andá y bancate una hora a ese viejo asqueroso». 

En conversaciones con otra víctima, también de 17 años, la principal le contaba que tenía la cédula de una chica que «se re parece» a ella y que tenía 18 años. Con la cédula de esa joven se registró en uno de los hoteles a los que acudió.

Además, hay otro pasaje donde una de las víctimas le volvió a relatar a la principal el discurso que le hacía a los adultos y en el que decía «manejar a varias chicas». «Yo soy la proxeneta», afirmó. 

Los artículos sobre los que pidieron la inconstitucionalidad

  • Artículo 81.2c del Código del Proceso Penal: permite que la víctima proponga prueba después de que la defensa conteste la acusación. Esto, en opinión de la defensa de los indagados, impide que puedan hacer un «efectivo control» y es contradictorio con varios artículos de la Constitución. Para justificarlo, además de argumentar sobre al norma, citaron un pasaje del abogado de varias víctimas, Juan Raúl Williman, quien en Desayunos Informales (Canal 12) dio crédito a este argumento. 
  • Artículo 268.4 del Código del Proceso Penal: establece que vencido determinado plazo no se puede presentar prueba a la que la contraparte no haya tenido acceso ni posibilidad de control. Entienden que hay obligaciones que «vulneran el debido proceso» y algunos artículos de la Constitución. «Al exigir a las defensas que presenten a juicio pruebas o evidencias ya diligenciadas que no tienen los poderes de obtener, para luego, ver si son admitidas o no resulta absolutamente contrario a la lógica y al principio de razonabilidad», aseguraron. 
  • Artículo 4 de la ley de violencia sexual contra niños y adolescentes (17.815): señala que quien pague o prometa pagar a menores para que ejecuten actos sexuales o eróticos deben ser castigados con dos a 12 años de prisión. Los defensores sostienen que el sancionar con tanta pena «meros actos de proposición» es «absolutamente desproporcionado», lo que viola «los principios de igualdad y razonabilidad». 
  • Artículo 80 de la ley de violencia de género (19.580): impone a los condenados en el marco de esta ley a pagarle 12 ingresos a la víctima o, en su defecto, la misma cantidad de salarios mínimos. Los abogados expusieron que esto vulnera artículos de la Constitución y puede poner en peligro «la protección material de la familia» del indagado, cosa que «no se puede justificar». 





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